Mientras era enjuiciado en Nueva York antes de las elecciones presidenciales del pasado año por el cargo de fraude a través de sus empresas el para entonces expresidente, Donald Trump fue favorecido con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de que los presidentes tienen inmunidad en sus actos oficiales.
La decisión del máximo tribunal de justicia en los Estados Unidos basó la decisión luego de que los abogados del entonces exmandatario reclamaban que Trump como presidente gozaba de inmunidad. Para entonces el hoy mandatario reconoció y elogió a la Suprema Corte de Justicia al otorgarle mayores poderes a la figura presidencial.
Sin embargo, desde mucho antes de asumir la Casa Blanca, Trump continuó con una posición desafiante contra el Poder Judicial cuando sus decisiones al través de las ordenes ejecutivas continúan siendo bloqueadas en su efectividad.
El caso más reciente de enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial fue la repatriación de más de 200 personas la mayoría de ellos venezolanos que fueron bajo acuerdo enviadas a El Salvador en calidad de prisioneros sin haber tenido ninguna decisión judicial.
Ante tal situación el Juez Federal James Boasberg quien en una audiencia con los abogados el gobierno emitió una orden de no deportación debido a que no cuentan con garantías jurídicas, pero el gobierno se negó a cumplirla al invocar la Ley de 1798 contra Enemigos Extranjeros, la que fue calificada por el magistrado de “lastimosamente insuficiente”.
Debido a la presente situación la tensión entre el gobierno y el Poder Judicial se ha elevado de tono debido a que las autoridades gubernamentales continúan con la decisión de no seguir con las órdenes judiciales.
Es más, el presidente Donald Trump de manera pública ha solicitado la destitución de los jueces que no complacen las acciones que realiza el gobierno en lo relacionado a las órdenes ejecutivas y las deportaciones de los extranjeros.
“Los mandatos judiciales nacionales ilegales de jueces de izquierda radical podrían conducir a la destrucción de nuestro país. Esta gente son lunáticos a quienes no les importan en absoluto las repercusiones de sus peligrosas e incorrectas decisiones y fallos. No podemos permitir que jueces radicales y partidistas obstaculicen la Justicia”, afirmó el presidente estadounidense en su perfil en la red social Truth Social (verdad social).
El declarado enfrentamiento entre el gobierno de Trump que apoya un juicio político para destituir al juez Boasberg y el Poder Judicial ha provocado la rara intervención del presidente de las Suprema Corte de Justicia John Robert quien aclaró que: “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial. Para ese propósito existe el proceso normal de la revisión mediante una apelación”.
Tradición política desde la creación los Estados Unidos se ha basado en el respeto y equilibrio que debe existir entre los poderes Ejecutivo, Congresional y Judicial donde las diferenciales son superadas por ante los tribunales de justicia. Al igual como ha ocurrido en el pasado se espera que a pesar de las diferencias, el gobierno que preside Donald Trump se mantenga apegado a las decisiones que emanen de los tribunales de justicia. No es posible que un presidente apoye a la justicia cuando lo favorece con sus decisiones y no lo haga cuando falla en su contra.
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Fuente: santiagodigital.net
